Redacción: Amairany Ramírez
Descubre los detalles sobre por qué la UIF determinó el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya. Analizamos los nexos con el narcotráfico señalados por EE. UU. y las implicaciones preventivas para el sistema financiero mexicano.
En un movimiento que ha cimbrado la estructura política de Sinaloa y del partido oficialista, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), procedió este lunes 18 de mayo de 2026 al bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad. Esta determinación, calificada por las autoridades como una acción estrictamente preventiva, responde a los fuertes señalamientos realizados por la justicia de Estados Unidos contra el mandatario y otros nueve colaboradores cercanos.
El operativo financiero se activó tras la integración de los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), derivado de reportes de instituciones bancarias mexicanas que detectaron alertas internacionales. Según los informes oficiales, estas medidas buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional frente a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es importante destacar que, de acuerdo con la UIF, este bloqueo administrativo no representa una sentencia definitiva ni una acreditación directa de culpabilidad, permitiendo a los afectados ejercer su derecho de defensa legal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema durante su conferencia matutina, aclarando que el congelamiento ocurrió de forma automática. Sheinbaum explicó que, debido a la existencia de órdenes de aprehensión en Estados Unidos contra diez individuos vinculados a Sinaloa, los bancos en México activaron protocolos de corresponsalía con sus pares estadounidenses para evitar sanciones internacionales. “Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, precisó la mandataria para deslindar que exista, por ahora, una investigación directa de la UIF contra Rocha Moya.
El contexto legal que rodea a Rocha Moya es crítico, ya que fiscales en el Distrito Sur de Nueva York lo acusan de participar en una red de protección a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Las investigaciones sugieren que el gobierno estatal pudo haber facilitado información sobre operativos de seguridad para favorecer el tráfico de drogas. Este cerco judicial ya ha provocado que exfuncionarios clave, como Gerardo Mérida Sánchez (Seguridad) y Enrique Díaz Vega (Finanzas), se entregaran voluntariamente a las autoridades en Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
Mientras tanto, el paradero actual de Rubén Rocha Moya permanece como una incógnita. Los bloqueos financieros no solo han afectado al gobernador con licencia, sino que reportes periodísticos indican que la medida se ha extendido a familiares directos, incluidos algunos de sus hijos. En un clima de creciente tensión diplomática, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas sus propias líneas de investigación en territorio mexicano, colaborando estrechamente con agencias de inteligencia extranjeras para esclarecer el alcance de la presunta “narconómina” que operaba en la entidad.
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