Redacción: Carolina Herrera
La Comisión de Justicia avaló la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece de 5 a 25 años de cárcel, multas y 34 agravantes clasificadas por niveles de impacto.
Contando con la mayoría de los votos, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha aprobado el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Entre 2019 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que las extorsiones en México aumentaron un 20.8% en promedio diario. La mayor parte de estos delitos, alrededor del 57.8%, se concentran en cuatro entidades: Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León, considerados de alto impacto.
Reconociendo que, a pesar de diversas acciones por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no se ha logrado detener en gran medida uno de los delitos con más afectaciones en el bienestar y tranquilidad de la población mexicana.
Con ese contexto, la iniciativa presidencial plantea un tipo penal básico en materia de extorsión, con una pena de 6 a 15 años de cárcel y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, se contemplan 34 agravantes, los cuales se organizan por niveles de impacto en 3 categorías.
Algunas de estas agravantes son el uso de violencia en ámbitos físicos, morales o psicológicos, cuando el victimario era o sea una persona servidora pública, la intervención de armas, el uso de menores de edad y si se afecta de manera directa la economía de alguna entidad federativa.
En caso de conductas con graves repercusiones en la integridad de las víctimas, considerando el perfil de agresor o que genere un impacto significativo tanto económico como social, se propone que se incluyan en una tercera categoría. Esto permitirá aumentar la pena entre la mitad y dos terceras partes, llegando hasta 25 años de prisión.
Asimismo, se consolidan mecanismos seguros de denuncia, poniendo a disposición la línea 089 para el reporte anónimo. Por tanto, se mantiene una protección integral de víctimas y testigos.
“Homologar criterios en todo el país permitirá garantizar una persecución efectiva del delito, fortalecer la persecución penal mediante la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, así como dotar de atribuciones claras a las autoridades responsables de la investigación y sanción”, expuso el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera.
Sin embargo, a pesar de quedar avalada por 25 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, PAN y MC, también hubo tres abstenciones por parte del PRI. Debido al riesgo de que queden en libertad cerca de 500 personas detenidas por extorsión en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo.
“Esta reserva va a promover que criminales de alto impacto salgan a las calles (…) Calculamos que serán cerca de 500 personas las que van a salir antes y que muy probablemente van a cometer el mismo delito, porque no van a tener una reinserción social adecuada”, declaró el diputado del PRI, Alejandro Domínguez.
En respuesta, la diputada del PT, Lilia Aguilar detalló que “no hay que olvidar que hay 34 agravantes, y la valoración también tendrá que ser en esa misma lógica, ya que dependiendo del agravante las penas pueden subir hasta en dos tercios”.
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