Redacción: Guicel Garrido
El Pleno de la Cámara de Diputados decidió acatar los cambios que el Senado de la República había impuesto a la Ley General para prevenir y castigar los delitos relacionados con extorsión, cerrando un ríspido ciclo legislativo. Esta acción válida el endurecimiento de las penas, que ahora podrán alcanzar hasta 42 años de prisión efectiva en su modalidad más grave, consolidando la extorsión como un delito de alta punibilidad en el país.
Con la ratificación, el proyecto de decreto se ha remitido al Ejecutivo Federal, lo que marca la fase final antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su consecuente entrada en vigor. La ley, que reglamenta el artículo 73 constitucional, tiene como objetivo declarado frenar el crecimiento de este flagelo social, que ya se incorpora al listado de ilícitos que obligan a la prisión preventiva oficiosa, especialmente bajo el peso de sus 43 agravantes.
El punto medular del acuerdo fue el incremento del tipo penal básico, que había sido motivo de disputa: se elevó de los 6 a 15 años propuestos inicialmente por San Lázaro, a un rango de 15 a 25 años de cárcel, como lo demandaba la colegisladora.
La reforma también aborda la corrupción interna que facilita este crimen; se ha avalado imponer una sanción de 10 a 20 años de prisión a policías o a funcionarios de centros penitenciarios que, por omisión o complicidad, no denuncien el delito de extorsión.
El proceso no concluyó sin una fuerte fricción política, la oposición (PAN y PRI) capitalizó el allanamiento de los Diputados, recordando que habían advertido que la propuesta original abría una ventana legal para la liberación de sentenciados en estados con castigos más severos. El panista Marcelo Torres Cofiño no dudó en catalogar el error de la mayoría como una “pifia monumental” y una “falsedad técnica” corregida por la cámara revisora.
En respuesta, el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la mesura, criticando la “altanería” y el tono triunfalista de la oposición. Monreal defendió la naturaleza del sistema bicameral, donde la revisión de la otra cámara es un acto normal. A pesar de votar a favor de la reforma endurecida, el legislador insistió en su convicción “garantista”, señalando que el agravamiento de las penas, por sí solo, no basta para resolver la crisis de inseguridad que vive la nación.
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