Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Proceso de desafuero contra Maru Campos 2026: Morena formaliza solicitud en el Congreso para investigar a la gobernadora de Chihuahua por presuntas irregularidades.
El clima político en el estado de Chihuahua ha entrado en una fase de confrontación directa que podría cambiar el rumbo de la administración local. En una acción que ha sacudido las estructuras del poder en el norte del país, el grupo parlamentario de Morena ha formalizado una solicitud de juicio de procedencia ante el Congreso, con el objetivo firme de retirar el fuero constitucional a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Esta petición no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de señalamientos que buscan que la mandataria enfrente diversas investigaciones judiciales por presuntas irregularidades administrativas y vínculos políticos que han sido objeto de controversia desde antes de su llegada al cargo.
La solicitud presentada por los legisladores de Morena se fundamenta en la necesidad de que prevalezca el Estado de derecho y la rendición de cuentas. Según el argumento del partido, la inmunidad procesal no debe ser utilizada como un escudo para evitar que las autoridades de procuración de justicia realicen su trabajo de manera exhaustiva.
Para los impulsores del desafuero, existen elementos suficientes en las carpetas de investigación que ameritan que la gobernadora comparezca ante los tribunales como cualquier ciudadano, especialmente en temas relacionados con el manejo de recursos públicos y la transparencia en la gestión de programas estatales. Este movimiento busca romper la percepción de impunidad que a menudo rodea a los altos funcionarios públicos.
Por su parte, la respuesta desde el Palacio de Gobierno de Chihuahua y de los aliados de Maru Campos no se ha hecho esperar. La administración estatal ha calificado este proceso como una “venganza política” orquestada desde el centro del país y ejecutada por los representantes locales de la Cuarta Transformación. Aseguran que la solicitud carece de sustento jurídico real y que su único propósito es desestabilizar a un gobierno de oposición que ha mantenido una postura crítica frente a ciertas políticas federales. En este sentido, la defensa de la gobernadora sostiene que se trata de un uso faccioso de las instituciones legislativas para incidir en la percepción ciudadana rumbo a los próximos procesos electorales, donde Chihuahua representa un bastión estratégico.
El desenlace de esta pugna legal dependerá ahora del análisis que realice la Comisión Instructora del Congreso local, la cual deberá dictaminar si la solicitud cumple con los requisitos legales para proceder al pleno. Este caso pone de relieve la profunda polarización que vive el país, donde las herramientas de justicia y los procesos de fiscalización a menudo se ven envueltos en narrativas de confrontación partidista. Mientras el proceso avanza, la sociedad chihuahuense observa con atención una batalla que definirá no solo el futuro político de Maru Campos, sino también los límites del poder y la autonomía estatal frente a las fuerzas políticas nacionales en el México contemporáneo. La estabilidad de la entidad y la confianza en sus instituciones penden de un hilo en este complejo tablero judicial.
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