Redacción Atziri Gomez
El exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, analiza cómo el modelo político de Morena ahuyenta la inversión y agrava las calificaciones crediticias.
El panorama económico y político de la República Mexicana enfrenta un severo cuestionamiento desde las altas esferas del análisis financiero internacional. En un riguroso examen sobre los siete años de gestión del partido Morena en el Poder Ejecutivo, primero bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha encendido una alarma estructural profunda.
De acuerdo con los indicadores macroeconómicos más recientes, el país registra su desempeño más adverso en materia de crecimiento económico desde la denominada “década perdida” de los años ochenta, promediando un incremento real del Producto Interno Bruto menor al uno por ciento anual.
Este estancamiento se ha hecho plenamente visible para los mercados globales tras las recientes rebajas en la calificación crediticia soberana por parte de agencias internacionales de gran relevancia como Moody’s y Standard & Poor’s.
Si bien las agencias calificadoras apuntan al evidente deterioro fiscal, reflejado en el aumento de los déficits presupuestarios, la precaria situación financiera de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y los cuantiosos recursos destinados a los programas de transferencias directas, los especialistas advierten que este desequilibrio financiero es en realidad el síntoma de una dolencia política mucho más grave.
El núcleo del problema radica en la consolidación de un modelo de gobernanza receloso de los mercados libres, hostil hacia las instituciones públicas independientes e incapaz de proveer la certidumbre jurídica elemental que demandan los flujos de inversión privada.
En consecuencia, la gran oportunidad histórica del nearshoring y la relocalización de las cadenas de suministro globales provenientes de Asia ha tenido un desempeño significativamente por debajo de las expectativas iniciales de desarrollo.
El debilitamiento sistemático de los contrapesos institucionales, tales como el órgano electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los organismos reguladores autónomos, ha culminado en reformas constitucionales de alto impacto como la reforma judicial de 2024, la cual introdujo la elección popular de los jueces federales.
A ojos de los inversionistas extranjeros, este proceso ha politizado los tribunales y erosionado el Estado de Derecho, cancelando las garantías necesarias para la protección de la propiedad y el cumplimiento de los contratos comerciales.
A esta tensión interna se suman graves señalamientos externos, como la desclasificación de acusaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra figuras políticas clave, lo que incrementa el escrutinio sobre el financiamiento y la legitimidad de las estructuras partidistas en el poder.
En este complejo escenario, el actual gobierno federal enfrenta el dilema de confrontar este legado ideológico e institucional o asumir los crecientes costos económicos de la transición hacia un régimen centralizado.
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