Redacción: Atziri Gomez
Los protocolos de contratación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentran bajo revisión pública luego de que empresas encargadas de tareas de seguridad fueran vinculadas en investigaciones federales.
Los protocolos de contratación y los filtros de confianza en el principal complejo aeroportuario de México se encuentran bajo el escrutinio público tras revelarse graves irregularidades financieras, ya que informes basados en expedientes federales señalan que la vigilancia interna del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quedó en manos de corporaciones privadas sospechosas.
La Secretaría de Marina otorgó concesiones que superan los mil 194 millones de pesos a un grupo empresarial cuyos líderes enfrentan acusaciones penales de alto impacto, estas compañías están encargadas de resguardar puntos críticos como los accesos perimetrales, las salas de espera de pasajeros y las áreas de inspección internacional.
La situación genero alertas debido al flujo constante de usuarios que transitan diariamente por las terminales capitalinas y con los próximos eventos globales que recibirá la nación, diversos sectores se cuestionaron cómo lograron firmar con nexos delictivos que lograron superar las revisiones de la autoridad naval encargada de la administración aérea.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República identifican a las firmas comerciales SERPROSEP y Armour King como parte de un mismo entramado operativo, de acuerdo con las actas mercantiles, personajes clave dentro de estas organizaciones civiles figuran como presuntos líderes de una red dedicada al contrabando de armamento pesado.
Entre los nombres destacados resalta el de un apoderado legal que actualmente cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y huachicol, pues los registros oficiales demuestran que, lejos de ser entidades independientes, ambas corporaciones comparten de forma interna los mismos socios, representantes y comisarios principales.
La triangulación del consorcio incluye el uso compartido de un domicilio fiscal ubicado en la zona residencial de Polanco, el cual posee nexos con figuras del ámbito político, a pesar de la gravedad de las carpetas de investigación abiertas por la FGR, los contratos asignados en 2025 mantendrán su vigencia legal hasta mayo de 2027.
La red delictiva presuntamente utilizaba el camuflaje de la seguridad privada para rematricular armamento ilegal y facilitarlo a agrupaciones del crimen organizado en el norte del país, las pesquisas ministeriales también detectaron operaciones de importación ilícita de hidrocarburos procedentes de Centroamérica utilizando la infraestructura de estas mismas empresas asociadas.
Este escenario se suma a otros antecedentes donde dependencias de procuración de justicia continuaron entregando recursos a corporaciones señaladas en el mismo esquema fraudulento, la falta de coordinación interinstitucional ha permitido que fluyan cientos de millones de pesos hacia cuentas ligadas a personas investigadas formalmente por el Estado.
Al ser cuestionada sobre el otorgamiento de estas licitaciones millonarias, la Secretaría de Marina indicó que remitirá el caso ante los órganos fiscalizadores correspondientes para su debida revisión, sin embargo, la dependencia aclaró que los convenios contractuales continuarán operando de manera normal mientras no exista una sentencia judicial firme.
El debate queda abierto sobre la urgencia de endurecer los mecanismos de selección de proveedores en las instalaciones más estratégicas y sensibles del territorio mexicano, ya que resulta indispensable garantizar que quienes cuidan las puertas de entrada al país cumplan con los más estrictos estándares de legalidad y confianza ciudadana.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
172 Total Count
