Redactor: Sam Torne
La reciente reforma judicial en México ha generado un debate acalorado sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha asumido un papel central en esta disputa, enfrentando retos significativos en la defensa de la autonomía judicial. La reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, propone la elección popular de jueces y magistrados, una medida que busca combatir la corrupción, pero que ha suscitado críticas por el riesgo de politizar el sistema judicial.
Desde su implementación, la reforma ha sido objeto de múltiples impugnaciones. Jueces federales han emitido cerca de 70 suspensiones en respuesta a amparos interpuestos por magistrados, jueces y organizaciones civiles. Estas suspensiones buscaban frenar la aplicación de la reforma mientras se resolvían los recursos legales. Sin embargo, las autoridades federales han ignorado estas medidas cautelares, lo que ha provocado un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La tensión escaló cuando Claudia Sheinbaum desestimó las suspensiones, argumentando que la reforma cuenta con respaldo popular y es fundamental para erradicar prácticas corruptas en el sistema judicial.
Intervención de la SCJN
En este contexto, Norma Piña admitió una solicitud clave presentada por Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed). Esta solicitud busca que la SCJN defina qué órgano es competente para atender las suspensiones otorgadas por jueces de amparo. El expediente 4/2024 fue asignado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá preparar un proyecto de resolución. La decisión de la Corte será crucial para establecer un precedente sobre el respeto a las competencias judiciales y garantizar la protección de los derechos constitucionales.
Papel del tribunal electoral
Adicionalmente, la presidenta de la SCJN ordenó dar vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que este órgano emita su postura sobre el tema. Esta colaboración busca evaluar el impacto de la reforma en el sistema electoral y definir las instancias competentes para abordar los conflictos derivados de su implementación. La participación del TEPJF subraya la complejidad del caso, ya que involucra no solo la independencia judicial, sino también la posible afectación de los procesos electorales en el país.
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