Redacción: Guicel Garrido
La imposición de un arancel del 17% por parte de Estados Unidos sobre el tomate mexicano ha desatado una crisis en el sector agropecuario. Para contrarrestar esta medida, el Gobierno de México, ahora bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha fijado precios mínimos de exportación para el fruto. La decisión, que busca mantener el acceso del producto a los mercados internacionales, ha generado un debate sobre si esta doble medida —el arancel estadounidense y los precios mínimos mexicanos— actuará como una “doble camisa de fuerza” para los productores, encareciendo el producto y afectando la competitividad.
La imposición de Washington se basa en señalamientos de ‘dumping’, una práctica en la que se vende un producto por debajo de su costo de producción para desplazar a la competencia. Esta acusación, impulsada por productores de Florida, Georgia y Carolina del Sur, revivió una antigua disputa y culminó en la cuota compensatoria del 17.09% aplicada desde el 14 de julio. Según la Casa Blanca, la medida busca proteger a sus agricultores de prácticas comerciales “desleales”. Para México, cuyo comercio de tomate con EE. UU. supera los 2.800 millones de dólares anuales, este arancel representa un duro golpe a un sector del que dependen más de 400.000 empleos directos.
La respuesta del gobierno mexicano, de establecer precios mínimos que van desde los 0,88 a 1,7 dólares por kilo, ha dividido al gremio. Mientras el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) apoya la medida por considerarla una forma de fortalecer la industria y fomentar la competencia leal, otros expertos y productores expresan su preocupación. Juan Carlos Anaya, del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), advierte que fijar precios mínimos es una admisión de que existía ‘dumping’, lo que podría encarecer el producto para el consumidor estadounidense y reducir las exportaciones.
A pesar de las tensiones, los productores mexicanos se mantienen a la expectativa. Enrique Riveros, un productor de Sinaloa, considera que la negociación fue prematura, ya que el acuerdo anterior, que mantenía la estabilidad, fue derogado por EE. UU. En su opinión, la verdadera prueba llegará con la próxima cosecha, cuando el sector pueda evaluar el impacto real del arancel estadounidense y la nueva política de precios mínimos del gobierno mexicano. La esperanza, según Riveros, es que los consumidores en EE. UU. se quejen de los precios y la cuota compensatoria sea retirada, permitiendo que el mercado se ajuste con el tiempo.
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