Redacción Leo Garfias
El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel deberá permanecer en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, mientras avanzan las investigaciones sobre su posible participación en una operación de contrabando de combustibles. La medida fue decretada después de una audiencia que se prolongó durante más de un día y también alcanzó a siete personas señaladas dentro del mismo expediente.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de la República, los delitos investigados son delincuencia organizada y contrabando. La resolución judicial no significa que los acusados hayan sido declarados culpables, sino que deberán enfrentar una parte del proceso desde prisión mientras el Ministerio Público presenta sus pruebas y las defensas responden a las acusaciones.
Ruffo Appel, de 74 años y retirado desde hace tiempo de la actividad política, fue detenido el jueves 16 de julio de 2026. Las autoridades relacionan su situación con su participación como socio de la empresa Ingemar desde 2021. Esta compañía aparece vinculada con una investigación derivada de un operativo realizado en Coahuila durante julio de 2025, cuando fueron asegurados aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y 129 camiones cisterna.
Junto con Ruffo también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, otro de los socios de la compañía. Según la información conocida hasta ahora, su familia ha señalado públicamente que existían conflictos internos por el control de la empresa y ha acusado a Ruffo y a otro socio de haberse apropiado de ella años atrás. Estas declaraciones forman parte del contexto del caso, pero deberán ser analizadas dentro del proceso judicial para determinar si tienen relación directa con los hechos investigados.
La investigación también se conecta con otros expedientes relacionados con el llamado huachicol fiscal, expresión utilizada para describir esquemas mediante los cuales se importan combustibles evitando el pago correcto de impuestos o declarando productos distintos ante las autoridades aduaneras. A diferencia del robo tradicional de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, esta modalidad suele involucrar documentación falsa, permisos irregulares, empresas intermediarias y redes de distribución.
Uno de los nombres relacionados con las investigaciones es el de Armando III Riestra Fernández, propietario de Servicios Aduanales JR, quien se encuentra en el penal del Altiplano desde enero. De acuerdo con otra indagatoria de la Fiscalía, su empresa habría tramitado permisos para importar alrededor de 144 millones de litros de combustible entre junio de 2024 y julio de 2025, presuntamente declarados como solución de cloruro de calcio.
Desde sectores cercanos al Gobierno federal, el proceso ha sido presentado como parte de las acciones contra el contrabando y la corrupción relacionada con los combustibles. En contraste, voces opositoras han cuestionado el momento de la detención y han sugerido que podría utilizarse para desviar la atención de otras polémicas políticas. Hasta ahora, ninguna de estas interpretaciones sustituye las determinaciones que deberán tomar las autoridades judiciales con base en las pruebas.
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