Redacción Daniel Lee
La historia del voto migrante es, en buena medida, la historia de una deuda democrática que aún no termina de saldarse.
Las cifras revelan la dimensión del fenómeno. De acuerdo con estimaciones de la Current Population Survey de 2018, alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano.
A ello se suma el dato proporcionado por BBVA Research en su informe Perfil de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, publicado en agosto de 2024, que documenta la existencia de aproximadamente 12 millones de mexicanos nacidos en nuestro país que actualmente viven en territorio estadounidense. De ellos, 4.1 millones permanecen en condición migratoria irregular, enfrentando cotidianamente la incertidumbre jurídica, la discriminación y la amenaza constante de la deportación.
Detrás de estos números existe una realidad humana compleja. Se trata de hombres y mujeres que no abandonaron México por voluntad política ni por falta de identidad nacional, sino empujados por la desigualdad, la precariedad laboral y la ausencia de oportunidades. Son trabajadores agrícolas, obreros, profesionistas, empresarios y estudiantes que, pese a haber cruzado una frontera, continúan sosteniendo vínculos familiares, culturales y económicos con sus comunidades de origen.
Su importancia para el país no admite discusión. Las remesas enviadas por los mexicanos en el exterior alcanzaron en 2024 un estimado de 66 mil 500 millones de dólares, equivalentes al 3.7 % del Producto Interno Bruto nacional. Más de 1.7 millones de hogares mexicanos dependen directamente de estos recursos, beneficiando a cerca de 6.1 millones de personas. En numerosos municipios, particularmente en regiones expulsoras de migrantes, el dinero enviado desde Estados Unidos constituye la principal fuente de ingresos familiares, supera la inversión pública local y funciona como un auténtico salvavidas económico.
Sin embargo, reducir la relación entre México y su diáspora únicamente al flujo de remesas representa una visión limitada e injusta. Durante demasiado tiempo, el país ha celebrado la contribución económica de sus migrantes mientras ha minimizado su capacidad para influir en el destino político nacional. El voto migrante no puede entenderse como una concesión simbólica ni como un beneficio administrativo otorgado por el Estado; constituye, en realidad, el reconocimiento de un derecho ciudadano fundamental.
El Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) materializa uno de los principios esenciales de cualquier democracia moderna: la ciudadanía no desaparece cuando una persona cruza una frontera. Los derechos políticos no dependen del código postal ni del lugar de residencia, sino de la pertenencia a una comunidad nacional cuyos integrantes participan en la construcción del futuro colectivo.
México ha avanzado en esta materia. El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reconoce el derecho de las y los mexicanos residentes en el extranjero a participar en elecciones federales y locales. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores opera una red de 53 consulados en Estados Unidos, la infraestructura consular más grande del mundo desplegada por un solo país dentro del territorio de otro Estado. Esta presencia institucional ofrece una plataforma extraordinaria para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de la comunidad migrante.
Pero el reconocimiento jurídico no ha sido suficiente. Persisten obstáculos administrativos, limitaciones tecnológicas y problemas de difusión que restringen el alcance real del voto migrante. Los niveles de participación continúan siendo modestos en comparación con el tamaño de la diáspora mexicana. Millones de ciudadanos desconocen los procedimientos de registro, enfrentan dificultades para obtener o renovar documentos oficiales o simplemente perciben que su voz tiene poco impacto en las decisiones nacionales.
El Estado mexicano presume con orgullo la magnitud de su comunidad en el exterior, destaca el valor histórico de las remesas y multiplica los discursos sobre la importancia de los connacionales, pero todavía no ha desarrollado una política integral capaz de garantizar plenamente su participación política. La democracia mexicana sigue mostrando límites territoriales que ya no corresponden a la realidad social del siglo XXI.
Además, la discusión sobre el voto migrante trasciende el ámbito electoral. En el fondo, se trata de definir qué entendemos por nación y ciudadanía. La migración ha transformado profundamente la identidad mexicana. Hoy existen millones de familias transnacionales cuyos proyectos de vida se desarrollan simultáneamente a ambos lados de la frontera. Ignorar esta realidad implica sostener una concepción anacrónica del Estado nacional, incapaz de reconocer que México también se construye desde Los Ángeles, Chicago, Houston, Nueva York o Atlanta.
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