Redacción: Daniela Paredes Rocha
El PAN alertó en el Senado sobre la falta de control y supervisión en los programas sociales, mencionando riesgos de uso subjetivo de recursos públicos y llamando a reforzar la transparencia y la responsabilidad de cuentas.
La política social del Gobierno federal opera con altos niveles de falta de transparencia y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, denunciaron senadores del Partido Acción Nacional (PAN). Mencionaron que miles de millones de pesos se otorgan sin reglas claras, criterios públicos ni evaluaciones externas que permitan medir su impacto real.
Los legisladores señalaron que esta opacidad ha derivado en la duplicidad de beneficiarios, pagos irregulares y documentación incompleta, lo que impide conocer con certeza quién recibe los apoyos y en qué condiciones, afectando la confianza en los programas sociales.
La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo denunció que, durante años, estos programas han carecido de controles adecuados. Detalló la existencia de pagos sin recibos, órdenes entregadas indebidamente y falta de apego a las reglas de operación, lo que abre la puerta a deficiencias sistemáticas.
La legisladora por Aguascalientes afirmó que el papel del Senado no es validar sin cuestionamiento. Dejó en claro que, aunque se anuncian más programas y beneficiarios, se omite el deterioro en la calidad de vida de quienes no cuentan con una red de apoyo social clara. Subrayó que, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una disminución de la pobreza gracias a estos apoyos, los propios datos oficiales reflejan un ambiente diferente, con mayores carencias en salud, seguridad social y gasto de bolsillo.
Para la senadora, la reducción de la pobreza responde más al salario y al esfuerzo de la población que a la política social; de ahí que mencionara que los programas se han vuelto discrecionales, sin condiciones claras y con efectos regresivos.
Su compañera de bancada, Verónica Rodríguez Hernández, mencionó que México enfrenta un momento de pobreza, opacidad y uso electoral de los programas. Dijo datos del INEGI de 2024, donde se indica que el 29.6% de la población está en pobreza integral y el 5.3% en pobreza extrema.
Calificó como reseña la ausencia de una institución autónoma que realice evaluaciones, lo que definió como una “opacidad deliberada”. Asimismo, dijo que existen inconsistencias por más de 450 millones de pesos en programas sociales desde que Morena gobierna.
Ambas senadoras coincidieron en que sigue sin quedar clara la sostenibilidad financiera de los programas ni cómo se evitarán duplicidades, pues afirmaron que “la política social del Gobierno federal funciona como una caja negra que esconde errores y abusos”.
Finalmente, los senadores quitaron su disposición al diálogo y al trabajo legislativo para tener un marco normativo que haga los programas sociales eficientes, transparentes y con perspectiva de derechos. Aseguraron que su postura no busca parar los apoyos, sino fortalecerlos mediante reglas claras, evaluación constante e inspecciones efectivas en beneficio del desarrollo social del país.
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