Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Análisis sobre el papel de las fiscalías en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Datos de La Jornada sobre la crisis de búsqueda.
La arquitectura del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en México enfrenta un desafío estructural que compromete la localización de miles de víctimas: la calidad de la información suministrada por las autoridades locales. De acuerdo con una revisión detallada del portal de Consulta Pública de esta base de datos, las fiscalías estatales y las comisiones locales de búsqueda son las principales fuentes de información, pero también las responsables de ingresar registros que, en la práctica, resultan inoperantes para las labores de campo y la identificación humana.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha confirmado que la base de datos, que actualmente supera los 132 mil reportes, se alimenta mayoritariamente de los insumos proporcionados por las fiscalías, que representan el 64.10 por ciento del total de los ingresos. A estas les siguen las comisiones de búsqueda con un 31 por ciento, mientras que los reportes realizados por particulares y otras instancias ocupan porcentajes significativamente menores.
Sin embargo, el volumen de datos no se traduce necesariamente en eficacia. Recientemente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que 46 mil 742 registros carecen de la información mínima indispensable para iniciar procesos de búsqueda efectivos.
Esta deficiencia se materializa en casos alarmantes que ilustran la precariedad del sistema. Un ejemplo crítico es el de Cristóbal N, cuyo expediente, cargado por la fiscalía general de Nayarit, carece de fotografía, lugar de nacimiento, características físicas e incluso de una fecha precisa de desaparición.
De igual forma, en San Luis Potosí, la comisión local ingresó el reporte de Enrique N omitiendo datos elementales como la edad y las prendas que vestía al momento de ser visto por última vez. Estas omisiones no son errores aislados de una sola entidad; la revisión detectó patrones similares en las fiscalías de Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, el Estado de México e incluso en la fiscalía general de la República.
La falta de rigor técnico en el llenado de estos expedientes atraviesa diversas administraciones y periodos de tiempo. Los registros incompletos no solo pertenecen a casos de larga data, sino que se han seguido produciendo de manera sistemática entre 2020 y 2026.
Ejemplos recientes como los de Cristian N, desaparecido en 2021 en la capital del país, o Cristóbal G, cuyo reporte data de agosto de 2025 en el Estado de México, demuestran que las autoridades continúan alimentando el registro nacional con vacíos informativos que imposibilitan cualquier avance sustancial en las investigaciones.
A esta problemática se suma la categoría de los reportes confidenciales. En el portal de consulta, existen casos donde toda la información, incluida la imagen de la víctima, permanece restringida. Si bien este carácter se asigna por razones de seguridad o a petición de los familiares, añade una capa de complejidad al escrutinio público y a la colaboración ciudadana.
Ante este panorama, el SESNSP ha clasificado a las personas ausentes en tres grandes grupos: aquellos con datos insuficientes, aquellos con registros de actividad posteriores a la fecha de desaparición y quienes no presentan actividad alguna a la fecha. Esta clasificación subraya la urgencia de depurar y fortalecer las fuentes de información primaria. Mientras las fiscalías y comisiones locales no garanticen una recolección de datos exhaustiva y profesional, el registro nacional seguirá siendo una herramienta limitada frente a la magnitud de la crisis de desapariciones en el país.
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