Redacción: Arely Negrete
La crisis hídrica en México impulsa a los piperos a una movilización nacional contra la reforma que podría afectar el suministro de agua en comunidades vulnerables.
En un contexto de creciente tensión hídrica en el país, el gremio de transportistas de agua de San Luis Potosí, agrupado principalmente bajo la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ha decidido elevar el tono de su protesta. Lo que comenzó como manifestaciones locales en la carretera San Luis Matehuala ha evolucionado hacia una movilización de alcance nacional que busca llegar al palacio legislativo de San Lázaro en la CDMX.
El núcleo de la discordia radica en la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, específicamente en su Artículo 123 Bis III. Según denuncian los líderes del movimiento, como Raúl Torres Mendoza y Francisco Ávalos González, la redacción actual de la ley etiqueta el traslado de agua con fines de lucro como un delito hídrico federal.
Los piperos argumentan que esta normativa no distingue entre el huachicoleo de agua y el servicio legítimo de transporte que ellos brindan. Para miles de familias potosinas y de otras entidades que carecen de infraestructura hidráulica formal, las pipas no son un lujo, sino el único medio de supervivencia; la nueva ley, al imponer penas de cárcel y multas severas, coloca a los operadores en una vulnerabilidad legal extrema, tratándolos, según sus propias palabras como delincuentes por realizar una actividad esencial.
En San Luis Potosí, se estima que más de 600 piperos operan para abastecer a zonas que el estado ha dejado en el olvido. La protesta no solo defiende el derecho al trabajo de estos transportistas, sino que advierte sobre una crisis de desabasto inminente; si los operadores dejan de circular por miedo a las sanciones federales, miles de hogares, comercios y pequeñas industrias se quedarían sin el recurso vital.
Lejos de buscar la anarquía, los manifestantes han expresado que están a favor de una regulación, pero una que sea justa y clara. Por ello, han anunciado que presentarán una iniciativa formal ante el Congreso de la Unión. Su objetivo es modificar la ley antes de que venza el plazo para la expedición de sus reglamentos en junio de 2026.
La movilización hacia la CDMX busca una audiencia directa con autoridades de la Conagua y con la Presidenta de la República, buscando que se reconozca el servicio de pipas dentro de la cadena de suministro oficial y se detenga la persecución penal contra quienes cuentan con permisos de transporte. Mientras tanto, la tensión continúa.
El gremio ha dejado claro que, de no ser escuchados en las mesas de diálogo, las caravanas de unidades de carga podrían paralizar las principales arterias de la capital del país, sumándose a la presión que ya ejercen otros sectores como el agrícola, quienes también ven en la nueva Ley de Aguas una amenaza a su operatividad y patrimonio.
La encrucijada que enfrenta el sector hídrico en México trasciende una simple disputa legal entre transportistas y legisladores; representa el síntoma de una infraestructura pública rebasada por la demanda y la sequía. Si bien es imperativo que el estado regule y combata la extracción ilegal para proteger los mantos acuíferos, no se puede ignorar que, en la práctica, los piperos han llenado el vacío dejado por un sistema de red que no llega a todos.
Criminalizar el transporte sin ofrecer una alternativa de abastecimiento inmediata para la población es una medida que arriesga la paz social. Una política de agua verdaderamente progresista debería centrarse en la formalización y el monitoreo técnico de estos prestadores de servicios, convirtiéndolos en aliados del sistema de aguas en lugar de enemigos de la ley, garantizando así que el derecho humano al agua no sea víctima de una interpretación jurídica inflexible.
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