Redacción: Naome Zavala
La gentrificación se ha consolidado como uno de los debates urbanos más apremiantes en la Ciudad de México, transformando drásticamente el tejido social y económico de colonias emblemáticas. Zonas como la Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico, que antaño fueron el hogar de comunidades diversas, hoy experimentan un vertiginoso incremento en los precios de renta y vivienda, impulsado por la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo y la proliferación de inversiones inmobiliarias. Este proceso no solo reconfigura el paisaje urbano, sino que genera una creciente tensión entre los nuevos y los antiguos habitantes.
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) define la gentrificación como un proceso de renovación urbana que, si bien puede traer mejoras físicas, a menudo se traduce en el desplazamiento de los residentes originales con menores ingresos. En la Ciudad de México, este fenómeno ha sido acentuado por la presencia de personas extranjeras que, al percibir ingresos en divisas más fuertes, cuentan con una ventaja económica significativa al gastar en pesos mexicanos, ejerciendo una presión al alza sobre el mercado inmobiliario local.
Las consecuencias de la gentrificación son palpables y profundas. El aumento descontrolado de los costos de vida está obligando a miles de familias a abandonar sus hogares y barrios de toda la vida, buscando alternativas más accesibles en la periferia de la ciudad. Se estima que, anualmente, más de 20,000 hogares son expulsados de la capital debido a la inaccesibilidad de la vivienda. Un caso elocuente es el de la colonia Juárez, que ha visto la partida de cerca de 4,000 vecinos en los últimos 15 años, un desplazamiento en gran parte atribuible al impacto de las plataformas de renta digital.
La expansión exponencial de plataformas de renta temporal como Airbnb ha sido identificada como un catalizador clave de la gentrificación. Estas plataformas han disparado la demanda de alojamientos en zonas codiciadas, reduciendo drásticamente la oferta de viviendas a largo plazo para los residentes locales. La situación se agrava con la participación de empresas inmobiliarias que, respaldadas por fondos de inversión (algunos vinculados a los mismos inversores de Airbnb, como Blueground), están concentrando cientos de propiedades de lujo en áreas gentrificadas, lo que desvirtúa la idea de una “economía colaborativa” y revela una tendencia hacia la monopolización del mercado.
La creciente inconformidad ciudadana ha escalado a la acción directa. Recientemente, el viernes 4 de julio de 2025, se registró la primera manifestación anti-gentrificación masiva en la Ciudad de México, que tuvo como epicentro el Parque México en la colonia Condesa. Si bien la convocatoria inicial buscaba un diálogo pacífico y la visibilización del problema, un sector de manifestantes encapuchados incurrió en actos de vandalismo contra establecimientos comerciales de lujo y acoso a extranjeros.
Estos incidentes fueron condenados enérgicamente por las autoridades, incluyendo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien incluso sugirió la posible infiltración de “grupos pagados para violentar”. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México, bajo la administración de Clara Brugada, ha reafirmado su rechazo a la gentrificación, considerándola una amenaza al derecho a la vivienda y al arraigo, y ha prometido implementar políticas públicas para proteger a los habitantes originales, al tiempo que ha hecho un llamado a la no violencia en las protestas. El complejo debate sobre el futuro urbano de la capital está más vivo que nunca.
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