Redacción: Daniel Lee
Aldo Micheletti llegó al Bajío con el emblema de AMMI, ofreció más que inversión: vendió la ilusión de una revolución agroindustrial. Prometió mil empleos, crecimiento regional y una planta modelo para el siglo XXI. Respaldado por instituciones públicas, presentó a Millfoods como un caso de éxito anticipado. Pero el resultado ha sido muy distinto: impunidad empresarial, deudas millonarias y un modelo que lucra con la fe pública.
Millfoods hoy opera y exporta, sí. Pero lo hace dejando tras de sí a decenas de acreedores: proveedores sin cobrar, ingenieros defraudados y empleados que litigan por salarios impagos. La suma de los adeudos supera los cinco millones de pesos. Lo que parecía una apuesta por el desarrollo se revela como una operación construida sobre incumplimientos.
Ante la negativa de la empresa a resolver por la vía conciliatoria, los afectados interpusieron demandas ante el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato. El proceso judicial abre una grieta en el relato oficial y pone al descubierto no sólo las prácticas de una empresa, sino los vacíos de un sistema que aplaude las inversiones sin supervisarlas.
Uno de los elementos más preocupantes es el uso instrumental del nombre de Grupo Modelo. Millfoods se posicionó como empresa confiable gracias a actos conjuntos, boletines institucionales y presencia mediática junto a ejecutivos de la cervecera. Hoy, Modelo figura como corresponsable en juicios laborales. Su marca, asociada a décadas de reputación, podría verse arrastrada por una sociedad que ha incumplido de forma sistemática.
Alejandro Lara, director financiero de Estructuras Metálicas de Puebla —proveedor directo de Millfoods— lo resume así: “Nos quedamos sin flujo. Ya entregamos la obra y lleva más de un año sin pagarse”. La historia se repite en otros frentes. El Sindicato 5 de Febrero de la Industria de Transportistas Materialistas y Conexos del Estado de Guanajuato, que agrupa a más de 500 trabajadores, también enfrenta adeudos prolongados. Su secretario general, Antonio Martínez, confirma que no han recibido pago alguno desde hace más de doce meses.
El escándalo no solo afecta a los actores privados. También interpela al aparato público que dio legitimidad al proyecto: ¿dónde están los funcionarios que inauguraron la planta? ¿Quién da la cara por haber presentado esta inversión como símbolo de progreso? Las instituciones que deberían proteger el interés público terminaron funcionando como vitrina para el engaño.
Micheletti se ha presentado como visionario del agroexportador. Pero los hechos lo exhiben como otro operador transnacional que exige estímulos públicos mientras evade obligaciones básicas. Millfoods se ha convertido en el emblema de un modelo corrosivo: aquel que promete desarrollo mientras normaliza el impago, la evasión y el silencio institucional.
Este caso no es uno más. Es una alerta. Lo que está en juego no es solo el destino de una empresa, sino el sentido mismo del Estado de derecho. Si las autoridades permiten que una planta funcione mientras incumple pagos y acumula demandas, el mensaje es claro: en México, invertir puede ser sinónimo de abusar sin consecuencias.
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