Redacción: MaJo Gutiérrez
El gobierno español ha dado un paso firme en la regulación de la inteligencia artificial (IA) al aprobar un proyecto de ley que impondrá fuertes multas a las empresas que utilicen contenidos generados por IA sin la debida etiqueta. Esta medida busca combatir la creciente amenaza de los deepfakes, (videos, fotos o audios manipulados con IA) que se presentan como reales, y garantizar la transparencia en el entorno digital. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, destacó que esta iniciativa adapta las directrices de la Ley de IA de la Unión Europea, considerada una de las más completas a nivel global.
La aprobación de este proyecto de ley posiciona a España como uno de los primeros países de la UE en implementar rigurosamente estas normativas, en contraste con el enfoque de Estados Unidos, que se basa más en el cumplimiento voluntario. López enfatizó que la IA, aunque poderosa para el progreso, también puede ser un arma para la desinformación y el ataque a la democracia, afectando a cualquier persona. El proyecto de ley califica el no etiquetado de contenidos de IA como una infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global de la empresa infractora.
Además de la exigencia de etiquetado, el proyecto de ley español prohíbe otras prácticas de riesgo asociadas a la IA. Entre ellas, se incluye el uso de técnicas subliminales (sonidos o imágenes imperceptibles) diseñadas para manipular a grupos vulnerables. El ministro López citó ejemplos preocupantes, como chatbots que podrían incitar a personas con adicciones a apostar o juguetes con IA que animen a niños a realizar retos peligrosos. Esta preocupación por la seguridad y el impacto social de la IA ha sido una prioridad para los reguladores desde el lanzamiento masivo de herramientas como ChatGPT a finales de 2022.
Este proyecto de ley, que ahora deberá ser aprobado por la Cámara baja, representa un hito importante en la regulación de la inteligencia artificial. Al establecer consecuencias financieras significativas por el mal uso de la IA y por la falta de transparencia, España busca proteger a sus ciudadanos de la desinformación y la manipulación, promoviendo un uso ético y responsable de esta tecnología emergente. Es una señal clara de la determinación de Europa para asegurar que el avance de la IA beneficie a la sociedad sin comprometer la seguridad o la democracia.
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