Redacción: Guicel Garrido
La industria del streaming, que alguna vez fue el refugio económico frente a la televisión por cable, atraviesa hoy una crisis de confianza. La consolidación de grandes jugadores y los cambios unilaterales en los modelos de negocio han encendido las alarmas de los consumidores, quienes están abandonando la pasividad para recurrir a las acciones colectivas ante las autoridades.
El mercado observa con cautela la posible integración de activos entre Netflix y Warner Bros. Discovery. Según analistas, esta unión permitiría a Netflix superar el 30% de la cuota de mercado, un umbral que los reguladores internacionales consideran una señal de alerta por concentración excesiva.
Carolina Cabello, consultora en competencia económica de Regulatory Experts, advierte que esta fusión otorgaría a la plataforma el control de contenidos “esenciales”, influyendo directamente en el aumento de precios y la retención forzada de suscriptores. “Netflix ha demostrado su disposición a subir precios incluso con competencia; sin ella, el impacto al bolsillo será inevitable”, señala la demanda colectiva ya presentada en tribunales de California.
El malestar no es exclusivo de una plataforma. En Estados Unidos, usuarios demandaron a Amazon Prime Video por el cargo extra implementado para evitar anuncios, argumentando un incumplimiento del contrato original. Expertos legales coinciden en que las plataformas están alterando los términos de servicio sin autorización del usuario, lo que hace procedentes las demandas colectivas por violación a los derechos del consumidor.
En el contexto nacional, el impacto económico es severo. De acuerdo con un estudio de la EAE Business School, los hogares mexicanos destinan en promedio 1,600 pesos mensuales a servicios de streaming. Esta cifra ya compite directamente con gastos de primera necesidad como la energía eléctrica, el internet o la telefonía.
A pesar del alto gasto, la defensa legal en México es aún incipiente. Datos de la Profeco obtenidos vía transparencia revelan que, a agosto de 2024, Amazon Prime Video y Netflix encabezan las quejas por aumentos de tarifas y cambios en políticas de publicidad. Sin embargo, el volumen de reportes es bajo comparado con otros países.
Radamés Camargo, analista de The CIU, atribuye esta baja participación al “escaso empoderamiento del consumidor”. La falta de puntos físicos de atención y la dependencia de chatbots digitales crean una barrera para la conciliación.
En México es necesario que una autoridad como Profeco fortalezca sus atribuciones para impulsar recursos colectivos y se mantenga actualizada ante las reglas cambiantes de las empresas digitales.
Mientras que en la Unión Europea y EE. UU. existen mecanismos definidos para proteger al usuario digital, en México la regulación actual limita a la autoridad a actuar sólo ante publicidad engañosa, dejándola sin facultades para intervenir en la fijación de tarifas o cambios bruscos en los modelos de suscripción.
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