Redacción Daniel Lee
Una deportación puede comenzar con una detención, pero sus consecuencias pueden alcanzar mucho más lejos que la frontera. Para miles de mexicanos en Estados Unidos, detrás de una posible expulsión no solamente está en juego su empleo o la separación de su familia: también pueden quedar comprometidos años de trabajo convertidos en una casa, un negocio, ahorros, inversiones y otros bienes.
Ese patrimonio casi nunca aparece en las estadísticas migratorias.
Cuando se contabilizan las detenciones y deportaciones, el migrante suele reducirse a una cifra. Pero detrás de esa cifra puede existir una historia económica de décadas. Mexicanos que llegaron jóvenes, trabajaron durante años, compraron una vivienda, levantaron un negocio, adquirieron un vehículo, abrieron cuentas de ahorro o comenzaron a preparar su retiro.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). -una organización regional creada en 1952 que funciona como asociación de bancos centrales de América Latina y el Caribe,cuyo trabajo se concentra en temas monetarios, financieros, bancarios y económicos, además de investigación, capacitación y análisis estadístico- ha estudiado el patrimonio inmobiliario de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y sus investigaciones permiten observar una realidad que ha quedado relegada en la discusión pública
Los mexicanos no solamente participan en el mercado laboral estadounidense; también han construido una parte importante de su patrimonio en ese país.
Por eso, la pregunta ya no puede ser únicamente cuántos mexicanos están siendo detenidos o deportados.
Hay que preguntar qué sucede con lo que dejan atrás.
Una persona bajo custodia puede permanecer incomunicada, ser trasladada lejos de su domicilio o enfrentar un proceso que le impida atender sus asuntos cotidianos. Mientras tanto, una hipoteca sigue generando pagos, un negocio necesita administración, una cuenta bancaria requiere atención y una propiedad continúa generando obligaciones fiscales y de mantenimiento.
La deportación no implica que automáticamente desaparezcan los derechos de propiedad. Pero sí puede dificultar de manera considerable la administración de esos bienes y colocar a las familias en una situación de vulnerabilidad financiera.
Ahí está una de las grandes historias que todavía no ocupa el lugar que merece en la agenda migratoria.
¿Cuántas viviendas pertenecen a mexicanos que hoy enfrentan procesos de deportación? ¿Cuántos negocios están en riesgo de quedar sin administrador? ¿Cuánto patrimonio familiar podría quedar atrapado detrás de una detención?
México debería comenzar a obtener esas respuestas.
Durante décadas, la política pública ha colocado a las remesas en el centro de la relación con los mexicanos en Estados Unidos. Y con razón: representan una fuente fundamental de ingresos para millones de hogares en México. Pero reducir a los migrantes a quienes envían dinero es insuficiente.
Son también trabajadores, empresarios, propietarios, consumidores, contribuyentes y ahorradores.
Han construido riqueza.
Y esa riqueza tiene una dimensión binacional.
Una casa adquirida en California, Texas, Illinois o Arizona puede representar décadas de pagos. Un pequeño restaurante, una empresa de construcción o un negocio familiar puede concentrar los ahorros de toda una vida. Para muchas familias, esos bienes representan además el futuro de los hijos y el respaldo económico para la vejez.
Cuando el propietario es detenido o deportado, el impacto no termina con su salida de Estados Unidos.
Puede extenderse a su cónyuge, a sus hijos, a sus socios y a otros familiares.
Por eso, la protección de los mexicanos en Estados Unidos necesita ampliar su alcance. La asistencia consular y jurídica debe considerar también la dimensión patrimonial de los casos más vulnerables: información sobre derechos de propiedad, documentos, administración de bienes, obligaciones financieras y mecanismos legales para que una persona de confianza pueda hacerse cargo de determinados asuntos cuando el propietario no pueda hacerlo.
No se trata de otorgar privilegios. Se trata de evitar que una crisis migratoria termine destruyendo el patrimonio que una familia construyó durante décadas.
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