Redacción: Andrea Zamora
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y comunidades afromexicanas acordaron una ruta de siete ejes temáticos para impulsar el desarrollo integral e intercultural de la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, bajo el amparo de la reforma al artículo 2° de la Constitución.
En la comunidad de San Nicolás (Municipio, Guerrero), Guerrero, se llevó a cabo la primera asamblea regional de elaboración del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, promovido por el INPI y autoridades locales.
Este ejercicio tiene lugar en el marco del Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca (19 de octubre) y representa una respuesta pública a la histórica demanda del reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos afromexicanos.
Ruta de siete ejes:
Durante la asamblea, se acordó trabajar en torno a siete ejes temáticos fundamentales:
- Cultura e identidad afromexicana.
- Derechos del pueblo afromexicano.
- Infraestructura básica y comunitaria.
- Economía afromexicana y recursos naturales.
- Educación con pertinencia cultural.
- Salud y medicina tradicional.
- Tierra y territorio.
En ese sentido, representantes comunitarios plantearon desde necesidades concretas como infraestructura de riego, caminos y electricidad, hasta el fortalecimiento del reconocimiento legal y la autonomía de sus pueblos. Por ejemplo, en San Nicolás un síndico local señaló:
> “En infraestructura estamos por los suelos, no hay obra, no hay puentes, no hay carretera… el tema del agua y de la luz son problemas que toda la Costa Chica sufre”.
Marco legal y trascendencia:
Este plan se inscribe dentro del denominado Plan General Lázaro Cárdenas del Río (que abarca la región del Balsas, incluyendo Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos y el Estado de México) y está bajo la coordinación del Lázaro Cárdenas Batel.
Asimismo, el INPI señala que esta iniciativa cumple con el mandato del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado deberá formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La reforma al artículo 2° ha sido considerada por organismos internacionales como un avance histórico: México pasa a reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público con derechos colectivos y autonomía.
Voces y participación:
En su intervención, Gustavo Torres Cisneros (Coordinador General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del INPI) informó que ya se trabaja en la formulación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con consultas programadas para el próximo año.
Por su parte, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), calificó el plan como “una deuda histórica” y enfatizó que no se trata de un proceso impuesto, sino construido desde las voces y saberes de los pueblos.
Retos por delante y expectativas:
La puesta en marcha de este plan enfrenta varios retos: la articulación efectiva de los siete ejes, el financiamiento, la coordinación intergubernamental (federal, estatal, municipal) y la participación comunitaria sustantiva. Pese a esto, la expectativa es alta: se espera que la planificación comunitaria permita mejores condiciones de vida, mayor autonomía, identidad reforzada y un mayor reconocimiento jurídico-institucional de las comunidades afromexicanas.
En conclusión, este acuerdo marca un paso significativo para las comunidades afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca hacia el reconocimiento pleno de sus derechos, la reparación histórica y el desarrollo con justicia, aunque el verdadero éxito dependerá de su implementación efectiva y de la continuidad de las acciones pactadas.
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