La Comunidad de Madrid, a través de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha descartado categóricamente la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto, pese a la reciente solicitud formal del Gobierno central.
Redacción: Guicel Garrido
La Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha marcado una postura firme frente a la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de establecer un registro de objetores del aborto. Esta solicitud se extendió por carta a varios presidentes autonómicos, incluyendo a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y a los líderes de Aragón, Asturias y Baleares.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado esta vez en Navalcarnero, Matute fue clara: “La Comunidad de Madrid es una democracia liberal en la que no se va a perseguir ni a señalar a nadie”, refiriéndose tanto a quienes practican el aborto como a quienes deciden no hacerlo por motivos de conciencia. Esta declaración se alinea con el criterio previamente expresado por la presidenta Ayuso, quien ha manifestado su rechazo a cualquier medida que pudiera estigmatizar a los profesionales sanitarios.
La Consejería madrileña ha argumentado que la implementación de un registro de esta naturaleza podría interpretarse como una forma de presión o control sobre la objeción de conciencia, un derecho fundamental amparado por la ley. En lugar de ello, Matute insistió en que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizado en la región.
Como prueba de ello, la consejera ha citado datos nacionales, señalando que en 2024 se realizaron más de 106.000 abortos en España, un número que, a su juicio, evidencia que el sistema sanitario está respondiendo a la demanda. “En la Comunidad de Madrid no se le ha negado a ninguna mujer un aborto”, subrayó, concluyendo que la polémica del registro es innecesaria y contraproducente.
El debate se enmarca en la aplicación de la Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual, que busca asegurar el acceso universal a la prestación sanitaria del aborto. Mientras el Gobierno central sostiene que el registro es crucial para planificar los recursos humanos y garantizar el servicio, la Administración madrileña lo considera una herramienta de control inapropiada que socava la libertad profesional.
La decisión de Madrid, una de las comunidades más pobladas y con mayor número de profesionales sanitarios, añade tensión al diálogo entre los gobiernos central y autonómico sobre la gestión de la sanidad y la aplicación de la ley del aborto.
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